6.840 euros menos de multa + ¿Qué es la responsabilidad personal subsidiaria?

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En muchas ocasiones, cuando nos enfrentamos a una inevitable condena (una vez trazada la estrategia y ponderado todos los escenarios) se debe plantear cuál es la mejor táctica a los efectos penológicos. Muchas veces, especialmente cuando hay penas de prisión y/o elevadas penas de multa (que no debe confundirse con las multas administrativas) vemos que, una cuestión muy importante es la pena de multa. Incluso, a veces, importa más que la propia pena de prisión; normalmente, cuando esta puede suspenderse.

En éste caso, nuestro defendido no tenía un elevado riesgo de entrada en prisión: carecía de antecedentes penales, la pena de prisión podía ser inferior a dos años y, por cuestiones, no existía responsabilidad civil. Sin embargo, la pena de multa que se había solicitado era muy elevada.

Ahora bien, las preguntas que vienen a la cabeza son ¿qué pasa si no pago la pena de multa impuesta en sentencia?. Para responder, debemos contestar antes a otra pregunta:

¿Qué es la responsabilidad personal subsidiaria?

El artículo 53.1 del Código Penal expone:

Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente.

Eso quiere decir que, subsidiariamente, si la persona no paga voluntariamente la pena de multa, se podrá transformar la pena de multa en pena privativa de libertad [prisión]. Por cada dos días de multa, uno de prisión.

Ahora bien, por aplicación subsidiaria de la LEC [art. 4] debe interpretarse que, en el caso de que el condenado no satisficiere la pena de multa, antes, debería procederse a la vía de apremio. Es decir, al embargo. En ese orden, si opta por no pagar la multa de forma voluntaria, se iniciará el procedimiento de apremio. El primer paso es que el condenado pague el importe de la multa. Si el condenado no cumple con el pago en el momento designado, el órgano judicial puede ordenar el embargo de sus bienes en la medida necesaria para cubrir la deuda, según lo dispuesto en el artículo 581.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Además, se contempla la posibilidad de otorgar al condenado un plazo para el pago de la multa antes de proceder al embargo, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 50.6 del Código Penal. En este sentido, el juez o tribunal puede requerir al condenado que declare sus bienes o derechos patrimoniales, tanto activos como pasivos, para asegurar el cumplimiento de la ejecución, según lo establecido en el artículo 589 de la LEC (Álvarez García/González Cussac, 2010, Comentarios a la reforma Penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 95-123).

Ahora bien, ¿qué pasa si el condenado no paga en plazo y/o no tiene bienes para embargar, o cubrir el importe? Dicho sea de paso, el plazo máximo para hacer frente a la multa es de 24 meses [art. 50.6 del CP].

Pues que, como hemos dicho, la pena de multa se sustituye por pena de prisión.

¿Qué naturaleza tiene la responsabilidad personal subsidiaria?

Esta cuestión no es sólo dogmática, pues se habían planteado diversas dudas acerca de qué pasa con esta «sustitución». Es decir, existe diversa problemática que gira en torno a la suspensión de la pena… Lo cual había abonado el campo de su inconstitucionalidad, como del tratamiento con relación a si «es» pena o no. Actualmente, no existe duda, pues el artículo 35 del Código Penal, dispone:

Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código

Entonces la pena por responsabilidad subsidiaria por impago de multa, como muchos autores exponen, es una «pena por pobreza»… Sí y no. Como hemos expuesto el Tribunal Constitucional manifestó su constitucionalidad, arguyendo que en caso contrario se dejaría sin contenido la sanción de un ilícito penal. Pero, si la causa de impago no es voluntaria, es decir, por ejemplo, se ha llegado a una situación de insolvencia sobrevenida, el artículo 51 del Código Penal expone:

Si, después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago

En otras palabras, se podría, atendiendo a las circunstancias y, dentro de la excepcionalidad, modificar el importe o los plazos para su pago.

En todo caso, de nuevo, contentos por todo el trabajo, por la victoria para nuestro defendido, y porque una vez más, Jueces y Fiscales pormenoricen cada circunstancia de cada caso.

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