Desde otro prisma, es el conjunto de normas que tutelan los principios básicos y valores de la convivencia social, definiendo los supuestos y formas para la aplicación e imposición de la fuerza estatal; llegándose a considerar una especie de Constitución negativa. También en dicha rama ocupa un papel importante el Derecho penitenciario, encargado del cumplimiento, en forma, de la pena en prisión u otras medidas privativas de libertad. Desde la atenta mirada de un abogado penalista, su actuación se circunscribe, por un lado, a limitar el poder punitivo del Estado en la forma menos restrictiva y cuando sea únicamente esencialmente necesaria y, en última instancia, se atienda siempre al respeto a los principios constitucionales y a los derechos y libertades de los investigados –especialmente al derecho a la presunción de inocencia—. Por el otro, en la eventual condena, que se haga de la forma menos gravosa para garantizar la reinserción del penado en la sociedad, pudiéndose si es posible, excluir o conmutar la pena de prisión por otra menos restrictiva de derechos –por ejemplo, la pena de días-multa o el arresto domiciliario— y limitar en el tiempo cualquier pena o medida al mínimo y necesario, para no dificultar la resocialización.

Cualquier rama del Derecho debe actualizarse a las necesidades y formas de vivir y concebir la sociedad, pero recobra especial importancia en la esfera penal, puesto que se tutelan los intereses más elementales y la protección es brindada por las normas más coercitivas de todo el Ordenamiento jurídico. Además, los frecuentes cambios que sufre la sociedad –que se agravan velozmente cada vez más— hacen que se desnaturalicen algunos delitos y deba prestarse atención a otras conductas que, por no estar previstas, pueden quedar incólumes.

La actual complejidad del sistema punitivo y la persecución de formas delictivas sofisticadas, han creado un sistema altamente tecnificado en el que se requieren profesionales especialmente cualificados en materia penal. Además, el Derecho penal cuenta con las llamadas leyes penales en blanco que consisten, brevemente, en remisiones a otras normas no específicas de ésta rama. Es decir, contienen la amenaza de pena pero para saber qué debe infringirse para merecer tal corrección debe acudirse a normas que quedan a extramuros del sistema penal. Como añadidura, los abrumadores y constantes cambios legislativos y jurisprudenciales hacen que los profesionales deban mantenerse actualizados a diario.